Cuando hablamos de una reclamación por responsabilidad patrimonial estamos hablando de un derecho que tienen los particulares de solicitar una indemnización cuando han sufrido daño en sus bienes o derechos, siempre y cuando no sea por una cuestión de fuerza mayor, y cuyo origen sea el funcionamiento normal o anómalo de cualquier servicio de origen público. Como resulta evidente, este tipo de daños deben ser demostrables y cuantificables económicamente.

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